A lo largo de mi vida profesional he aprendido que el conocimiento técnico es indispensable, pero no suficiente para impartir justicia. La verdadera vocación por el derecho se construye con integridad, responsabilidad y empatía.
Creo profundamente en la legalidad como base del servicio público, en la imparcialidad como esencia de la función jurisdiccional y en la dignidad humana como límite y horizonte de toda actuación del Estado. La justicia no debe ser inalcanzable, ni un privilegio: debe ser clara, oportuna y cercana a quienes más la necesitan.
Actuar con ética, decidir con autonomía y rendir cuentas con transparencia no son opciones, son obligaciones. Estoy convencido de que el Poder Judicial tiene el potencial de recuperar la confianza de la ciudadanía si se mantiene firme en sus principios, abierto a la realidad social y comprometido con la transformación institucional que el país requiere.
Estos valores no son solo parte de mi trabajo; son convicciones que guían cada decisión que tomo y cada causa que defiendo.
José María Morelos y Pavón
Soy abogado con mención especial por el CIDE y maestro en Dirección de Empresas por la Universidad Anáhuac. A lo largo de más de 16 años he trabajado en el servicio público y privado, convencido de que el derecho debe servir para proteger la dignidad humana, garantizar la justicia y fortalecer nuestras instituciones.
Me he especializado en diseño de políticas públicas, estrategias jurídicas, defensa de derechos humanos y combate a la corrupción. He tenido el privilegio de colaborar con gobiernos municipales, estatales y federales, así como con el Congreso de la Unión y organizaciones de la sociedad civil.
Durante mi paso por la Procuraduría Federal del Consumidor, lideré acciones colectivas en favor de miles de personas consumidoras. Varios de esos casos fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y generaron criterios jurisprudenciales que hoy protegen a quienes más lo necesitan. Además, fui parte del equipo que impulsó la creación de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones y fortalecimos el Sistema Nacional de Protección al Consumidor.
En el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) implementé estrategias jurídicas que lograron reducir pasivos contingentes por más de 580 mil millones de pesos en más de 15 mil juicios. También impulsé la creación de un área de análisis de riesgos jurídicos y contribuí al fortalecimiento institucional con enfoque preventivo y ético.
Uno de los momentos más significativos de mi carrera fue participar en la defensa de más de 50 personas indígenas injustamente condenadas por los hechos de Acteal. Tras seis años de trabajo, la Suprema Corte ordenó su liberación y emitió tesis importantes sobre el debido proceso.
He sido consultor legislativo durante más de 14 años y participé en acciones de inconstitucionalidad en defensa de derechos como las audiencias en medios de comunicación. En 2016 fui postulado como candidato a Fiscal Anticorrupción, lo que me permitió proponer una visión integral del combate a la impunidad.
Hoy, me presento como candidato a Magistrado del 30º Circuito en materia mixta, con la firme convicción de que la justicia debe ser cercana, imparcial, técnica y profundamente humana. Creo en un Poder Judicial que escuche, que entienda la realidad de las personas y que resuelva con ética, independencia y responsabilidad.
Mi compromiso es claro: servir con vocación, actuar con honestidad y defender los derechos de todas las personas.
Alexander Hamilton
Mi formación académica ha sido una base sólida para mi vocación de servicio y compromiso con la justicia. Soy licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución que me brindó una formación rigurosa y crítica del derecho, con enfoque en derechos humanos, constitucionalismo y análisis instituciona
Mi formación académica ha sido una base sólida para mi vocación de servicio y compromiso con la justicia. Soy licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución que me brindó una formación rigurosa y crítica del derecho, con enfoque en derechos humanos, constitucionalismo y análisis institucional. Me titulé con mención especial tras desarrollar una tesis sobre el debido proceso en el caso Acteal, un trabajo que no solo fue académico, sino una experiencia que marcó mi visión sobre la defensa de la dignidad humana, el acceso a la justicia y la función del derecho como herramienta de transformación.
Complementé mi perfil jurídico con una maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Anáhuac, que me permitió integrar una perspectiva estratégica y de gestión institucional al ejercicio profesional. Esta formación me brindó herramientas en planeación, cumplimiento normativo, análisis de riesgo y responsabilidad institucional. La combinación de estos enfoques me ha permitido abordar retos complejos con una mirada técnica, ética y estructural.
Mi trayectoria profesional está profundamente vinculada al servicio público, la legalidad y la defensa de los derechos humanos. A lo largo de los años, he trabajado con los tres órdenes de gobierno y diversas organizaciones, lo que me ha permitido entender la justicia desde múltiples perspectivas.
En la Procuraduría Federal del Consumidor
Mi trayectoria profesional está profundamente vinculada al servicio público, la legalidad y la defensa de los derechos humanos. A lo largo de los años, he trabajado con los tres órdenes de gobierno y diversas organizaciones, lo que me ha permitido entender la justicia desde múltiples perspectivas.
En la Procuraduría Federal del Consumidor, lideré litigios que impactaron directamente a los consumidores, generando criterios significativos en la Suprema Corte.
Más tarde, como Director Corporativo Jurídico y Fiduciario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, implementé estrategias que lograron reducir más de 580 mil millones de pesos en pasivos contingentes y creé un área especializada en riesgos jurídicos y prevención de corrupción.
Mi experiencia incluye sectores como gobernación, educación y salud, y la defensa de personas indígenas injustamente condenadas, lo que refuerza mi convicción de que la justicia debe ser técnica, humana y accesible. Actualmente, asesoro a instituciones que comparten mi compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho.
He tenido el privilegio de impartir cursos y diplomados en instituciones reconocidas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Estado de Oaxaca, y la Universidad La Concordia. Entre las temáticas abordadas se encuentran acciones colectivas, derechos h
He tenido el privilegio de impartir cursos y diplomados en instituciones reconocidas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Estado de Oaxaca, y la Universidad La Concordia. Entre las temáticas abordadas se encuentran acciones colectivas, derechos humanos, derecho procesal constitucional, amparo y responsabilidad penal para las empresas.
Mi interés por la investigación me llevó a colaborar en diversas obras y artículos. Destacan las coautorías en “Nuevo Derecho de los Consumidores” (Editorial Porrúa), y en “La participación del Poder Legislativo en la definición de la política educativa en México” (CIDE). También contribuí con trabajos relacionados con la competencia económica y derechos indígenas.
En el ámbito académico, he sido reconocido como Consejero Universitario de la UAA miembro del Consejo Editorial de la revista Contrapunto del CIDE y he participado en diversos eventos internacionales.
Juan Pérez Hernández - INOCENTE ACTEAL
La liberación de más de 50 indígenas procesados injustamente por los hechos de Acteal, me permitieron conocer las graves consecuencias de las injusticias y la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia. Las sentencias de la SCJN derivaron en diversos criterios jurisprudenciales que desarrollaron los alcances de estándares de debido proceso en favor de miles de personas injustamente detenidas.
La oportunidad de promover acciones colectivas en favor de los derechos de los consumidores, me permitieron reconocer la importancia de los procesos colectivos, la valía de acciones jurídicamente novedosas y la relevancia social de estos derechos para la economía de las familias. Las sentencias de la SCJN definieron los alcances de los derechos de los consumidores y permitieron la justiciabilidad de los mismos.
Participar en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, me permitieron identificar la importancia de la libertad de expresión, los derechos de las audiencias y la autonomía municipal. La sentencia de la SCJN, desarrollo la importancia del proceso legislativo y sus consecuencias sobre la validez de las normas.
Los litigios en contra de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento me han permitido detectar la importancia de las resoluciones en la salud pública, desafortunadamente más de 170 personas mueren diariamente a causa del tabaquismo en México, sin embargo, mientras los tribunales prioricen las ganancias de entes privados sobre la salud, las cifras seguirán aumentando. Se encuentra pendiente la emisión de criterios por la SCJN, sin embargo, es evidente la necesidad de un tribunal constitucional que garantice el derecho a la salud de las personas.
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